Con fecha 23 de mayo de 2025, se publico el Decreto Supremo N° 009-2025-MINAM, que tiene por objeto reglamentar la Ley N° 32106, Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental, para el fortalecimiento y aplicación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA).
La emergencia ambiental es un evento súbito e imprevisible causado por factores naturales, humanos o tecnológicos que genera o puede generar daño al ambiente, da lugar a una DEA.
En su condición de autoridad ambiental nacional, el MINAM es la autoridad competente que declara la emergencia ambiental y está a cargo de la evaluación de las DEA, así como de la coordinación en su implementación y las acciones relativas a dicho mecanismo.
La solicitud debe contener lo siguiente:
Y, En caso se tenga el conocimiento:
Inicio del procedimiento: Dentro de las 24 horas de conocimiento del evento, el MINAM inicia verificaciones de campo y convoca una reunión multisectorial inicial, coordinando con otras entidades competentes.
Evaluación técnica: Las entidades deben remitir información técnica en un plazo de 4 días hábiles. El MINAM evalúa y emite un informe en 7 días hábiles prorrogables.
Es un documento técnico que consolida las acciones a implementar tras la DEA, el cual se aprueba mediante Resolución Ministerial y se publica en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), salvo excepciones establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La Entidad de Fiscalización Ambiental competente (EFA) supervisa que el titular de la actividad involucrada en el evento que origina la DEA ejecute de inmediato el plan de contingencia.
Si se detectan daños ambientales, al EFA ordena acciones correctivas como remediación y restructuración. Puede requerirse también un nuevo instrumento de gestión ambiental.
El MINAM puede dar por finalizada la DEA si se cumplen los objetivos del PIAI, mediante informe final de monitoreo.
El plan de acción multisectorial es formulado por el MINAM en coordinación con actores involucrados en la DEA y tiene una duración de 90 días hábiles improrrogables.
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